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Lo avanzado teóricamente en materia migratoria lleva a criminalizar el papel que desempeñan en medio de estos flujos los traficantes de personas o coyotes, pero pocas veces se repara en que existen un sinfín de factores que conducen a la mayoría de las personas en movilidad a desarrollar ciertos afectos por tales individuos.
El desconocimiento de las rutas más idóneas para la migración irregular, las políticas restrictivas ante el fenómeno, el despliegue de agentes de los Estados policiales y la ansiedad por llegar a otro país donde mejorar fortuna obligan a muchos migrantes a recurrir a los servicios de estos individuos.
Algunos coyotes o traficantes están ligados de manera directa al crimen organizado, otros son exfuncionarios gubernamentales con conocimiento de rutas y procesos idóneos, y otros solo son personas sin mayor prontuario que optaron por este rubro para generar ingresos en medio de la pobreza reinante en la región. Incluso, en algunos casos son mujeres las que organizan viajes y asumen la responsabilidad.
El tráfico ilícito de personas migrantes atenta contra las leyes del Estado al que se ingresa de manera irregular, al apoyar por diversos medios al traspaso ilícito de una frontera, y contempla desde la facilitación de la entrada clandestina de una persona a otro país hasta la creación o suministro de un documento de identidad o pasaporte falso, así como la habilitación por medios ilegítimos de la estadía permanente de un no-nacional o no-residente.
El coyote o traficante casi siempre deviene una suerte de aliado del extranjero que busca avanzar en su objetivo de llegar al país que seleccionó como destino y la colaboración de este puede ser determinante en ciertas ocasiones para burlar cualquier mecanismo de seguridad estatal.
También garantiza estancias transitorias en casas de seguridad, alimentación y otras atenciones que, aunque en la mayor parte de las veces deben ser costeadas por las personas migrantes, que llegan a sentirte en un ambiente más calmado en medio de su condición vulnerable.
Pero es claro que el tráfico y la trata por lo general están estrechamente vinculados entre sí y en ocasiones los traficantes colocan a sus víctimas en situaciones de vulnerabilidad que pueden desencadenar un proceso de trata de personas. Además, existen múltiples ejemplos de la actuación deshumana de algunos que condujeron a la muerte o a la prisión a los migrantes que habían confiado en ellos.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también conocido Protocolo de Palermo, 2020) apuesta por el combate a ambas prácticas y por preservar el respeto de los derechos de las víctimas, así como a apoyarlas en el proceso de recuperación. Guatemala es signatario de este instrumento jurídico internacional.
 
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