En este informativo encontrarás información sobre cómo proteger a las niñas y niños de la migración irregular, incluyendo algunas entidades que brindan atención en estos casos.

Las amenazas a la integridad física y mental suelen ser constantes en el trayecto de las personas migrantes por los puntos divisorios entre Guatemala y México: el asalto, el robo, las violaciones, los secuestros y los accidentes de todo tipo convierten a esta región en una de las más riesgosas para quienes intentan atravesarla con el propósito de llegar a Estados Unidos.

Ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, pero también de Venezuela, Cuba, Haití, Georgia, Siria y de otros países se vieron muchas veces en la encrucijada de aceptar las extorsiones y los peligros asociados a la presencia del crimen organizado en esa ruta.

Ya en tierra mexicana, Tapachula, Chiapas, y especialmente, los estados de la frontera norte como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California destacaron como las rutas de mayor riesgo, aunque se han incorporado zonas como Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí.

Desde finales del siglo pasado, Ciudad Hidalgo, Talismán, El Manguito, Tapachula, El Hueyate y Echegaray, en la trayectoria costera -la principal para la población migrante que avanza desde tierra guatemalteca por su bajo costo monetario con respecto a otras rutas que atraviesan el Estado-, devinieron caminos considerablemente costosos en vidas humanas.

Más la problemática no sólo se circunscribe a esta zona. En el año recién pasado, informes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas mostraron un total histórico de 168 migrantes desaparecidos y los Estados con el mayor número fueron: Veracruz (34); Sonora (14); Chiapas (11); Chihuahua (9) y Ciudad de México y Baja California, con siete personas cada uno.

El incremento general de las desapariciones, los cambios en política migratoria acordados entre los gobiernos de México y Estados Unidos en 2019 y la estrategia de seguridad común basada en el despliegue militar, que empuja a las personas en movilidad a buscar vías alternas más riesgosas, incidieron en este repunte del fenómeno.

México trata de contener los flujos migratorios a como dé lugar y eso es militarizando las fronteras, lo cual genera costos e impactos en derechos humanos y uno de ellos tiene que ver con la mayor incidencia de delitos sobre personas migrantes, violación a derechos humanos y su desaparición. A ello se suma la ampliación de las actividades criminales de grupos delictivos que, además del tráfico de drogas, se dedican a la extorsión, trata de personas y secuestros, que al final redundan en mayor vulnerabilidad para los migrantes irregulares.

De acuerdo con el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, existe una industria y economía ilícita que gira en torno a la explotación de migrantes como mano de obra, tráfico sexual o procesos de secuestro y extorsión, que motiva que los migrantes vayan pagando diferentes sumas para avanzar en ruta migratoria.

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Fuentes: 

Cuéntanos.org Migración